2013

RENDICIÓN DE CUENTAS – PERÍODO LEGISLATIVO MAYO A DICIEMBRE DE 2013

El ejercicio de la democracia moderna demanda de procesos de transparencia en la gestión legislativa. La rendición de cuentas de los servidores públicos, en el marco de la contraloría social, debe ser el sustento de la acción político en el país.  El Artículo 127 de la Constitución de Montecristi, señala con claridad que las y los asambleístas al ejercer una función pública de servicio, son responsables políticamente ante la sociedad, de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, por lo que  dispone la obligación de rendir cuentas a los mandantes; en concordancia con esta disposición se encuentra además, el artículo 110, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Tras  estos primeros siete meses de gestión legislativa,  parecería ser que cada vez se aleja más   la posibilidad de establecer un nuevo modelo de acción   parlamentaria,  en el que las fuerzas políticas que conforman la primera Función del Estado, tengan la capacidad de propiciar espacios de debate, en un marco de pluralismo democrático, en el que prime el interés nacional, a fin de enriquecer el proceso de construcción de las leyes,  privilegiando el diálogo, en lugar de la imposición de una mayoría absoluta.

Desde mi curul, constantemente, he manifestado que es urgente democratizar los procesos de socialización de las leyes entre los múltiples actores sociales, independientemente de su filiación política, a fin de “procesar” la opinión comunitaria. Juzgo que no es suficiente  recabar el criterio ciudadano, lo prioritario es incluir en las normas ese pensamiento, más aún cuando la Carta Magna claramente expresa que la soberanía radica en el pueblo, por lo que su voluntad es el fundamento de la autoridad. De acuerdo a la Norma Suprema los ciudadanos deben participar de forma protagónica en la toma de decisiones,  la participación es un derecho ciudadano que se ejerce a través de los mecanismos de democracia directa.

Si bien, desde el 14 de mayo del año 2013 hasta la presente fecha, la Asamblea Nacional ha aprobado  15 leyes, 12 convenios y tratados internacionales, 14 resoluciones, relacionados con diversos ámbitos, es lamentable que cuerpos legales de tanta trascendencia, como el Código Orgánico Integral Penal o la Ley de Comunicación, que hablan de libertades y derechos fundamentales del ser humano no hayan sido producto de un gran acuerdo social en el que converjan todos los actores, sino consecuencia de la imposición de una mayoría legislativa sumisa al Ejecutivo que las aprobó al apuro y con graves problemas de constitucionalidad.

De igual manera, es lamentable que proyectos como el de reformas a la Ley Minera o la Ley de Incentivos al Sector Productivo hayan sido calificadas de “urgentes en materia económica”, cuando la importancia de estos cuerpos legales por su repercusión en la vida del país, ameritaban  un amplio debate. Es penoso que se recurra a la vieja práctica parlamentaria que tanto se ha denostado, para aprobar leyes sin procesos democráticos que garanticen la participación ciudadana.

Estos meses de gestión también se han caracterizado por el archivo de varios proyectos que fueran presentados en el período anterior; si bien, muchos de ellos se encontraban desactualizados por el tiempo transcurrido y los nuevos escenarios, varios sí constituían propuestas importantes para la convivencia social, sobre los cuales no ha existido la voluntad política de retomarlos, enriquecerlos y debatirlos.

En contraste, debo precisar que  mi accionar legislativo se ha caracterizado por un interactuar constante con la comunidad que permanentemente me ha hecho llegar sus opiniones sobre los proyectos de ley, enriqueciendo mi participación en la construcción de las leyes.

Al ser el pueblo  el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación y ante la convicción de consolidar un desarrollo pleno de la ciudadanía, someto a consideración del juez supremo, el presente Informe de las labores cumplidas, desde el 14 de Mayo al 31 de Diciembre del 2013, período en el que, por voluntad mayoritaria de los ecuatorianos expresada en las urnas,  cumplo las funciones de Asambleísta Nacional.

Para propiciar un análisis comparativo del presente informe que describe mi gestión cumplida en estos primeros siete meses y medio,  me permito incluir los aspectos fundamentales del Plan de Trabajo presentado por los candidatos a Asambleístas por CREO, que fuera entregado al Consejo Nacional Electoral,  al inicio de la campaña electoral del año 2013.

Descarga el Informe de rendición de cuentas en formato PDF.