2014

RENDICIÓN DE CUENTAS – PERÍODO LEGISLATIVO ENERO A DICIEMBRE DE 2014

El marco normativo ecuatoriano expresa con claridad que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación” (CRE art. 204). “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva deben participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano… La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (CRE art.95).

El Artículo 127 de la Constitución de Montecristi, señala que las y los asambleístas al ejercer una función pública de servicio, son responsables políticamente ante la sociedad, de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, por lo que dispone la obligación de rendir cuentas a los mandantes; en concordancia con esta disposición se encuentra además, el artículo 110, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Bajo este contexto, el proceso de rendición de cuentas y la transparencia en la gestión legislativa constituyen uno de los ejes fundamentales de las democracias modernas que tienen como propósito construir ciudadanía, a través de la participación activa del mandante que observa y vigila las decisiones que se toman en su nombre. La participación ciudadana, subsume al poder político al control de la comunidad y fortalece el ejercicio de la ciudadanía cívica, convirtiendo al mandante en sujeto y principal protagonista de la construcción de políticas públicas.

Con esta convicción someto, una vez más, a escrutinio público, el presente informe de la gestión que he cumplido en el año 2014, en mi calidad de Asambleísta Nacional.

Cuando asumí funciones, por decisión mayoritaria del pueblo del Ecuador en las urnas, hablé de la necesidad de establecer un nuevo modelo de acción parlamentaria, en el que las fuerzas políticas que conforman la primera Función del Estado, tengan la capacidad de propiciar espacios de debate, en un marco de pluralismo democrático, en el que prime el interés nacional, a fin de enriquecer el proceso de construcción de las leyes, privilegiando el diálogo, en lugar de la imposición de una mayoría absoluta. Lamentablemente la falta de voluntad política de las fuerzas de gobierno impidió ejercitar una práctica parlamentaria en democracia.

Desde mi curul, pedí constantemente se democraticen los procesos de socialización de las leyes entre los múltiples actores sociales, independientemente de su filiación o simpatías políticas, a fin de “procesar” la opinión comunitaria, tampoco se acogió la solicitud, violentando expresas disposiciones constitucionales, que como se ha advertido, claramente expresan que la soberanía radica en el pueblo, por lo que su voluntad es el fundamento de la autoridad, los ciudadanos deben participar de forma protagónica en la toma de decisiones, la participación es un derecho ciudadano que se ejerce a través de los mecanismos de democracia directa.

Es lamentable que cuerpos legales trascendentes para la convivencia democrática del país no hayan sido producto de un gran acuerdo social, sino consecuencia de la imposición de una mayoría legislativa sumisa al Ejecutivo las aprueba sin mayores consideraciones y con graves problemas de constitucionalidad. A esto se suma que varias leyes, con alta repercusión para la vida del país y que ameritaban un amplio debate hayan sido calificadas de “urgentes en materia económica”, reeditando las viejas prácticas parlamentarias de aprobar leyes sin procesos democráticos que garanticen la participación ciudadana.

Estos meses de gestión también se han caracterizado por el archivo de varios proyectos que fueran presentados en el período anterior; si bien, muchos de ellos se encontraban desactualizados por el tiempo transcurrido y los nuevos escenarios, varios sí constituían propuestas importantes para la convivencia social, sobre los cuales no ha existido la voluntad política de retomarlos, enriquecerlos y debatirlos, menos aún si se trataban de iniciativas legislativas provenientes de las fuerzas políticas de oposición.

Al ser el pueblo el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación y ante la convicción de consolidar un desarrollo pleno de la ciudadanía, someto a consideración del juez supremo, el presente Informe de las labores cumplidas en el transcurso del año 2014, período en el que, por voluntad mayoritaria de los ecuatorianos expresada en las urnas, cumplo las funciones de Asambleísta Nacional.

Para propiciar un análisis comparativo del presente informe que describe la gestión cumplida, en el transcurso del 2014, me permito nuevamente incluir los aspectos fundamentales del Plan de Trabajo presentado por los candidatos a Asambleístas por CREO, que fuera entregado al Consejo Nacional Elector, la pasada campaña y que constituyen el sustento de la acción legislativa:

 

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