Rendición de Cuentas

El marco normativo ecuatoriano expresa con claridad que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación” (artículo 204 de la Constitución). “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva deben  participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano… La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador).

El Artículo 127 de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008, y cuyo texto sólo podrá ser modificado a través de Consulta al propio Pueblo, como corresponde en derecho y en democracia; señala que las y los asambleístas al ejercer una función pública de servicio, son responsables políticamente ante la sociedad, de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, por lo que  dispone la obligación de rendir cuentas a los mandantes. En concordancia con esta disposición se encuentra además, el artículo 110, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Bajo este contexto, el proceso de rendición de cuentas y la transparencia en la gestión legislativa constituyen uno de los ejes fundamentales de las democracias modernas que tienen como propósito construir ciudadanía, a través de la participación activa del mandante  que observa y vigila  las decisiones que se toman en su nombre. La participación ciudadana, subsume al poder político al control de la comunidad y fortalece el ejercicio de la ciudadanía cívica, convirtiendo al mandante en sujeto y principal protagonista de la construcción de políticas públicas.